El 12 de diciembre del 2002 Buenos Aires se convirtió en la primera ciudad latinoamericana en reconocerlas legalmente. La Legislatura local aprobó la Ley de Uniones Civiles, donde pueden inscribirse las parejas que vivan en esa ciudad y tengan al menos dos años de convivencia, independientemente de su
sexo u orientación sexual, para recibir la protección del Estado.

Las parejas registradas tendrán los mismos deberes y derechos que un matrimonio, excepto que no podrán heredar ni adoptar hijos. Permite a los integrantes compartir el seguro de salud, ingresar a la sala de terapia intensiva si la pareja se enferma o conocer el parte médico y solicitar en conjunto créditos y planes de vivienda. Sólo deberán probar mediante testigos que mantienen una relación de convivencia "estable y pública" de por lo menos dos años.

Los legisladores opinaron que la ley promovía la aceptación desde lo público de los vínculos privados, la dignidad y la inclusión. Su aprobación tardó dos años debido al rechazo de distintos sectores. El Arzobispado de la ciudad consideró que la medida se oponía al derecho de familia, pues "las uniones
homosexuales no pueden equipararse con las heterosexuales, ya que éstas son el modo natural y mayoritario de conformar la célula básica de la sociedad”.

Alicia Pierini, la diputada del Partido Justicialista, declaró en cambio que "hubo un conflicto en mi conciencia porque soy cristiana y entonces pensé que tenía dos platillos: el de la doctrina de la Iglesia, que tanto se ha equivocado en la historia, y el de mi propia fe en Dios. Porque yo sé que Dios es amor, es inclusión". Ella votó a favor de la ley.

De esta forma, el 18 de julio pasado se efectuó la primera unión civil homosexual en toda América Latina. César Cigliutti, presidente de la Unión Homosexual Argentina, y Marcelo Suntheim, fueron reconocidos legalmente como pareja por la ley de Buenos Aires.

En abril de este año en Río Negro, provincia de Argentina, se aprobó también la Ley de Uniones Civiles, mientras que los congresos de Córdoba y Santa Fe se analizan iniciativas parecidas.

Chile

El 11 de junio de este año ingresó a la Cámara de Diputados chilena el Proyecto de Ley para reconocer a las parejas homosexuales. De los 120 legisladores, 19 apoyan la iniciativa que regula el régimen patrimonial y familiar de las parejas de gays y lesbianas. La diputada María Antonieta Saa refirió que con la ley se puede “terminar con muchos abusos y apunta a una mayor justicia”. Mientras, el parlamentario Gabriel Ascensio señaló que el reconocimiento legal de las uniones civiles entre personas del mismo sexo
es “materia de los derechos humanos olvidados”.

El proyecto de ley protege jurídicamente a este tipo de familias, pero “el contrato de unión no es equiparable al matrimonio, por lo que los miembros continúan su condición de soltería”. La iniciativa beneficiaría a los mayores de edad que demuestren haber convivido durante un plazo no inferior a dos
años. La celebración de la unión se concretaría ante un notario que entregaría a las partes una sentencia de registro en un plazo de 30 días.

La Ley produce en Chile los mismos efectos para quienes han contraído una unión similar en el extranjero, pero no habilita a obtener la nacionalidad chilena, ni tampoco a reconocer matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en otros países.

Las partes están obligadas a auxiliarse mutuamente por necesidad. En caso de abandono sin causa justificada y si se encontrara una de las partes en situación de necesidad, la otra está obligada a entregar pensión alimenticia.

Colombia

En Colombia el Congreso congeló, en agosto pasado, una la iniciativa de ley para reconocer a las parejas homosexuales que presentó la legisladora Piedad Córdoba. La propuesta recibió el apoyo de los ex presidentes de ese país Alfonso López Michelsen, Julio César Turbay y César Gaviria y contemplaba el
derecho a la afiliación en la seguridad social, heredar los bienes y recibir pensión de sustitución si uno de las partes falleciera.

Las discusiones se detuvieron en el punto de la violencia dentro de las parejas, ya que en caso de una denuncia, ésta sólo podría ser tipificada por lesiones personales, no como violencia intrafamiliar.
La Iglesia católica colombiana presionó para que no se aprobara debido a que, dijo, “la función primordial del ser humano en la tierra es la procreación, por lo que no se puede invocar la democracia, la igualdad, la solidaridad, ni los derechos humanos para contrariar las leyes divinas”,. Su consigna fue “crear familia es igual a crear hijos”.

Costa Rica

Por otra parte, el 24 de marzo de este año el Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica le otorgó al travesti Luis Gerardo Mairena el depósito provisional de un niño de nueve años, en lo que sería el primer paso para que el infante sea declarado en estado de abandono de su padres biológicos y Mairena pueda iniciar el proceso de adopción.

Ante los maltratos de sus padres, Luis Gerardo Mairena cuidó del menor y pidió legalmente su custodia. La resolución del Patronato indica que ante la negligencia de los progenitores, el Estado decidió dejar al niño al lado de Mairena, quien ha asumido “el rol de un buen padre de familia” y denominaron “familia extensa” a este tipo de unión. Sólo falta la decisión del Juzgado de Familia en la Corte de Justicia.

No obstante, la Sala Constitucional de ese país rechazó en septiembre una petición de reforma al artículo 176 del Código Penal que castiga los matrimonios entre personas del mismo sexo hasta con tres años de prisión, y que aplica también sobre el abogado que realice el trámite. La iniciativa había sido presentada en julio por el abogado homosexual Yashin Castrillo Fernández, quien calificó como violación de los principios de igualdad el que el Estado “obliga a una innumerable cantidad de personas a modificar sus
sentimientos, pensamientos y su estilo de vida para adoptar la que el Estado quiera que tengan", según explicó.

Brasil

En Brasil, la gobernadora de Sao Paulo, Marta Suplicy, presentó en julio un proyecto de ley para crear el "contrato de asociación", considerado como la antesala para la aprobación de los matrimonios homosexuales, y que podría respaldar a cualquier tipo de asociación entre dos personas, como hermanos y
tío-sobrina.

Asimismo, en noviembre la jueza federal Ana Carolina Morozowski, de la ciudad de Curitiba, autorizó al inglés David Ian Harrad permanecer en el país pese al vencimiento de su visa, por considerar que vive una “unión estable” con un compañero brasileño. La jueza consideró que Ian Harrad tenía los mismos derechos que cualquier otro extranjero en caso de estar casado legalmente con un ciudadano brasileño.

 

Uruguay

El 18 de septiembre de este año en Uruguay también se abrió la posibilidad de reconocer legalmente a las parejas homosexuales cuando el Tribunal de Apelaciones en lo Civil ordenó una indemnización por 14 mil dólares a Liber Berriel, pareja homosexual de José María Touron, quien fuera atropellado en julio mientras cruzaba una calle en un lugar en el que estaba protegido por las normas de tránsito.

Berriel presentó una demanda por el daño moral que le provocó la pérdida de la persona con quien, dijo, mantenía una convivencia continua desde 1980. Los jueces consideraron que la demanda "no puede ser rechazada según los estándares de valoración vigentes en la sociedad actual" y no examinó la legitimidad de las uniones entre personas del mismo sexo, sino el perjuicio al afecto de una relación estable.

Perú

En Perú, la congresista Martha Moyano presentó el 12 de diciembre una iniciativa que busca legalizar la unión dos personas del mismo sexo que hayan convivido por un período mínimo de un año, pero exige que los integrantes tengan domicilio legal en el país, con por lo menos dos años de anterioridad a la fecha en la que solicitan la inscripción; pretende crear el Registro Público de Uniones Civiles para el caso. Con esto la unión civil tendría un tratamiento similar al del matrimonio, excepto en lo referido a adopción de niños.

Martha Moyano expresó que la iniciativa responde a los cambios sociales del último medio siglo, en el que han surgido otros tipos de unión que deben regularse, pues ”la convivencia genera relaciones diversas de carácter intersubjetivo, muchas de las cuales se ajustan a las esferas personal y patrimonial", declaró.

Sin embargo, el presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Héctor Chávez Chuchón, rechazó la propuesta debido a que "el homosexualismo es una enfermedad, una patología (...) hay que remarcar que la ciencia médica deja muy claro que es una patología y no debemos promoverla, sino enfrentarla", sostuvo. Grupos de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales criticaron la propuesta al considerarla una copia de la legislación aprobada en Buenos Aires, además de que no fueron consultados para su elaboración, y exigieron que antes de la legalización de las parejas, se apruebe la ley de la no discriminación sexual.

FUENTE: GDL GAY RADIO