Existe una idea generalizada de que hoy día hay mayor tolerancia social hacia la diversidad de los seres humanos y - entre ella- la variedad sexual. Algunos hemos vivido momentos en que creemos que lo que escuchamos o vemos es un sueño y que hemos avanzado en la lucha a favor de los derechos humanos de tod@s no importa su raza, credo, preferencia sexual y política, entre otras. Nos caemos de ese "sueño" al escuchar expresiones recalcitrantes, opresoras, marginalizantes, y hasta ciegas de personas que se supone hayan estudiado derecho y que su interés por su profesión nace del principio fundamental del derecho humano y la justicia. Es común ver a religiosos y moralistas fundamentalistas hacer expresiones que degradan al ser humano y su enorme capacidad para la intolerancia. Sin embargo, nos estremecemos al chocar con la realidad...

Durante las pasadas semanas, los diferentes medios de comunicación del País (algunos con mucho profesionalismo y objetividad, y otros con mucha burla y chabacanería) han reseñado la noticia de los primeros dos casos denunciados en violación a la Ley 54 de violencia doméstica entre personas del mismo sexo. Esto a raíz de las valientes directrices emitidas por la Hon. Secretaria de Justicia Lcda. Anabelle Rodríguez, quien da instrucciones a los efectos de que se procesen querellas de violencia doméstica entre personas del mismo sexo. A muchos/as ha sorprendido tal valentía de la honorable secretaria y hasta fue imposible evitar soñar con la erradicación del discrimen y la aplicación de todos los derechos como humanos que somos.

Al surgir las primeras acusaciones, sorprenden la expresiones de la defensa del caso Del Valle vs. Ruiz , hechas por la Lcda. Lillianett Cortés Soto que lejos de fungir como defensa es acusadora de la preferencia sexual de su defendido. Tal parece que la estrategia de defensa que seleccionó la Lcda. Cortés giró en el descargue de toda la homofobia no vista por mucho tiempo en un tribunal. Su constante falta de respeto a los dos seres humanos sentados en el estrado que lo único que desean es discutir los alegados sucesos violentos, y no la forma en que ambos por acuerdo mutuo prefieren sostener sus relaciones sexuales, ponen en evidencia la homofobia institucionalizada del sistema. A simple vista sus expresiones demuestran un vago conocimiento sobre la Ley 54. La interpretación que hace de la misma se aleja abismalmente del interés de aquellos/as que escribieron dicha ley con una visión marcada por la inclusión y la diversidad en que se manifiesta la violencia.

El principio fundamental de la ley 54 es la prohibición de conducta violenta entre parejas, miembros de una familia, y la protección de la víctima venga de donde venga, no importa si es heterosexual, bisexual, homosexual, lesbiana, transexual, adúltero/a, etc. Es un error garrafal interpretar que si se aplica la ley 54 de violencia doméstica a este caso, se estaría legalizando una conducta tipificada como delito en el código penal (artículo 103, Sodomía). Lo importante en este caso no es descubrir quién penetraba a quién, sino demostrar fuera de toda duda razonable si hubo o no un agresor y un agredido. La ley 54 debe también aplicar a todas las relaciones, como por ejemplo, de hijos adultos violentos contra sus madres/padres o compañeros/a de hospedaje ya que se dá en el contexto de convivencia bajo un mismo techo, entre otros.

El Estado no debe entrar en esos asuntos ya que su obligación constitucional es proteger a todos los/as puertorriqueños/as. Se trata de proteger al ser humano, su dignidad, su derecho a vivir una vida plena, su derecho a la libertad, a manifestarse como ser único... Hasta que no veamos que las diferentes instituciones sociales se concentren en el ser humano y no en sus preferencias no debemos descansar en la lucha por los derechos humanos de todos/as.

La realidad nos da en la cara otra vez, hay mucho que recorrer. Los diversos grupos pro derecho de la comunidad LGTTB y grupos de derechos humanos hemos invertido demasiadas energías en luchar contra el mensaje equívoco de los religiosos fundamentalistas y moralistas. Hoy día nos damos cuenta que hay que trabajar más con las instituciones sociales y gubernamentales y en contra de sus patrones machistas, heterosexistas y homofóbicos que muchas veces le juegan el juego a los religiosos y moralistas. A los miles de seres humanos que comparten con personas de su mismo sexo y son víctimas de agresión en sus diversas manifestaciones, les exhorto a buscar ayuda y denunciar a sus agresores/as. Así también nos haremos visibles y tendrán que escucharnos.

Mientras escribo no puedo evitar pensar que la discusión reciente sobre la problemática de violencia doméstica entre personas del mismo sexo es muy parecida a los inicios de la epidemia del VIH/SIDA en Puerto Rico cuando existía muy poca información y apoyo. Cuando, gracias al interés genuino, la comunidad homosexual optó por unirse y apoyarse de múltiples maneras, ofreciendo orientación, apoyo práctico y apoyo emocional ante una epidemia de la cual se desconocía mucho. Una vez más debemos unirnos como comunidad para denunciar públicamente al agresor, para buscarle ayuda a aquellas víctimas que piensan que esa es su realidad y que no tienen opciones, a romper con la codependencia como factor precursor para la violencia. Es necesario proveer información atemperada a la realidad de las parejas del mismo sexo. Hacen falta centros de ayuda y apoyo para personas víctimas de violencia doméstica entre personas del mismo sexo, hacen falta abogados/as sensibles a esta realidad. Y un sistema judicial que realmente manifieste su responsabilidad constitucional haciendo justicia a todos/as los hombres y las mujeres que no gozan del mismo trato de respeto y dignidad. Hasta que no logremos esto no podemos creernos el cuento de que en Puerto Rico se respeta y valora los Derechos Humanos.

El autor actualmente se desempeña como Director Ejecutivo Interino de la Fundación SIDA de Puerto Rico. Durante los pasados 8 años ha servido ininterrumpidamente a esta organización destacándose en años recientes como Director-Fundador de la Oficina de Ponce.

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