 La Reverenda Margarita Sánchez de León es una de las adversarias
principales del Artículo 103 del Código Penal de Puerto Rico, que
criminaliza las relaciones sexuales entre personas del mismo
género. La destacada activista pro derechos humanos es Directora
Ejecutiva de Amnistía Internacional-Puerto Rico y miembro del
progresista Movimiento Ecuménico Nacional de Puerto Rico.
Ministra ordenada por la Iglesia de la Comunidad Metropolitana de
Puerto Rico, una denominación mayoritariamente gay, la Reverenda
Sánchez de León fue la principal demandante en una causa iniciada
por la Unión Americana pro Derechos Civiles (ACLU) pidiendo la
anulación del Artículo 103, conocido también como "ley sobre la
sodomía".
La causa culminó en junio pasado cuando el Tribunal Supremo de
Puerto Rico dictaminó que el Artículo 103 no era inconstitucional.
THE GULLY conversó con la Reverenda Sánchez de León en Nueva York,
a donde viajó en busca de apoyo para su nueva campaña. Aquí un
extracto de la entrevista.
The Gully: En junio pasado el Tribunal Supremo de Puerto
Rico dictaminó que la llamada ley sobre la sodomía no era
inconstitucional. Desde entonces, ¿qué han hecho los activistas
puertorriqueños que se oponen a dicha ley?
Sánchez de León: Nos estamos concentrando en la Cámara de
Representantes de Puerto Rico. En abril o mayo, se va a empezar a
discutir allí la reforma del Código Penal. Amnistía Internacional
va a concentrarse en actividades públicas, en educación pública en
torno a la cuestión de la ley sobre la sodomía.
En cada lucha hay varios frentes. La discusión pública es
esencial. Sin ella, es muy difícil hacer presión sobre la
legislatura. También seguiremos cabildeando, educando, organizando
manifestaciones. Todo esto es importante para crear cambios. En el
futuro, quizás tengamos que hacer algo más enérgico que cabildear.
Aunque cabildear es importante, es algo muy callado.
THE GULLY: En 1997 usted y otros activistas se presentaron
en el Departamento de Justicia de Puerto Rico, "confesaron" haber
violado la ley sobre la sodomía y pidieron, en vano, que los
arrestasen. A raíz de esa acción fue que despegó la campaña contra
dicha ley. ¿Qué la impulsó a usted a hacer eso?
Sánchez de León: La batalla contra la ley sobre la sodomía
en realidad ya tiene más de 30 años; es la batalla de toda una
generación. Lo que logró nuestra acción en 1997 fue sencillamente
ponerla en el dominio público. Provocó una gran controversia en
Puerto Rico. Tuvo un gran impacto allá, e incluso en algunas
comunidades de aquí.
Fue un "golpe fuerte" para el gobierno de Puerto Rico. Se quedaron
sorprendidos, sin saber qué hacer. Por primera vez, hicimos una
acción proactiva y no reactiva. Por aquel entonces, los grupos
lésbicos, gays, bisexuales y transgénero de Puerto Rico se
ocupaban cada uno de cuestiones diferentes; a partir de ese
momento, todos nos empezamos a concentrar en la anulación de la
ley sobre la sodomía.
Esa acción de 1997 surgió de un incidente específico. Yo había ido
a la Cámara de Representantes a hablar en una audiencia pública
sobre un proyecto de ley para prohibir el matrimonio entre
personas del mismo sexo. El proyecto fue en reacción a lo que
estaba ocurriendo por entonces en Hawaii [una iniciativa, que a la
postre fracasó, de legalizar el matrimonio entre personas del
mismo género]. Fui como representante del Movimiento Ecuménico
Nacional de Puerto Rico, y no como parte de un grupo lgbt. El
nuestro fue el único grupo religioso que se opuso en aquella
audiencia al proyecto de ley.
Durante mi testimonio, algunos de los legisladores reaccionaron
con
hostilidad, con violencia. Uno me preguntó: "¿Tiene usted
prácticas
lesbianas?". Yo estaba allí con otros dirigentes religiosos. A
ninguno de los demás se le preguntó nada. No puedo describirles lo
que sentí en aquel momento. Dense cuenta de que estábamos en una
audiencia pública. Y que la pregunta tenía consecuencias
jurídicas. El Artículo 103 dice que toda persona que tenga
relaciones sexuales con una persona del mismo sexo puede ser
condenada a 10 años de prisión. Jamás me imaginé que iba a verme
en una situación como esa.
Decidí, pues, que nunca más me iban a poner en una situación
semejante. Formamos una coalición acerca de la cuestión, con
feministas, estudiantes, algunos grupos políticos partidarios de
la independencia de Puerto Rico, Amnistía Internacional y grupos
lgbt. Esa coalición hizo posible nuestra acción de 1997.
¿Apoyan esos mismos grupos sus esfuerzos actuales?
No precisamente. Ahora hay una coalición más grande que está
esforzándose por cambiar la ley, pero Amnistía no es parte de
ella, aunque sí los ayudamos. Esa coalición se está concentrando
en la cuestión del derecho de todos a la intimidad sexual, incluso
el derecho de los heterosexuales. La ACLU ha ayudado a crear esta
nueva táctica. Ellos piensan, "Más vale evitar el tema lgbt y
concentrarnos en la cuestión más general de la intimidad sexual
para poder así librarnos de la ley sobre la sodomía". Esto se
refiere a los trabajos realizados por la Alianza recién creada.
Véase nuestras historias sobre el particular.
Pero si la educación es parte del cambio social, como usted dice,
¿no le parece que esa táctica está volviendo a meter en el
closet a la gente lgbt? ¿Cómo combate eso la homofobia?
Esa es parte de la razón por la que Amnistía decidió tomar un
camino
diferente esta vez. Amnistía se va a concentrar en las cuestiones
lgbt. El Artículo 103 es importante, aunque raras veces se aplique
directamente. Se utiliza para denegarle sus derechos a las
personas lgbt. Por ejemplo, si uno trata de demandar a su pareja
del mismo sexo por violencia doméstica, la demanda no tiene lugar
porque el juez dirá que la violencia ha ocurrido en medio de una
actividad que ya, en sí, es un delito. El Artículo 103 es sólo la
punta del iceberg. [En 1999, un tribunal de apelaciones falló que
la ley sobre la violencia doméstica de Puerto Rico no se aplica a
las relaciones entre lesbianas u hombres gay porque la ley sobre
la sodomía "hace que la conducta homosexual sea un delito".]
¿Qué tipos de actividades planea Amnistía?
Vamos a trabajar mucho con la prensa, a organizar conferencias
de prensa, a tratar de que nos entrevisten y de lograr visibilidad
pública para nuestros temas. Ya hemos preparado tres mesas
redondas en tres sitios geográficos diferentes en la isla. Se
celebrarán en universidades y otros lugares públicos. Vamos a
manifestar ante la legislatura. Todo esto coincidirá con las
discusiones en la Cámara de Representantes sobre la revisión del
Código Penal, en abril y mayo.
Ya se ha lanzado un llamamiento mundial a través de Amnistía
Internacional y estamos recibiendo cartas de apoyo de todas
partes.
¿Se ha pronunciado algún legislador puertorriqueño en contra
del Artículo 103?
No. Ninguno. Ni un solo legislador se ha pronunciado a favor de la
anulación del Artículo 103. Ni siquiera los que se dicen
"progresistas", como los independentistas (entre los cuáles yo me
cuento, por cierto).
¿Y la gobernadora de Puerto Rico, Sila María Calderón?
Su posición va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando el
proceso electoral de 2004. Esta semana, el ex gobernador Pedro
Rosselló regresó a la isla. Se espera que sea su rival electoral.
Pero antes de enfrentársele, la gobernadora tendrá que pensar en
las preelecciones.
En Puerto Rico, las iglesias conservadoras están muy bien
organizadas. Cabildean con gran eficacia. Van a ver a un
legislador y le dicen, "tengo 500 personas en su distrito y van a
votar así o así". Yo siempre digo, jugando, que nosotros
deberíamos pedirles que nos enseñen: "Por favor, enséñennos cómo
se hace eso". Realmente son muy, muy eficaces.
Es posible que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
reconsidere la ley sobre la sodomía de Tejas cuando vea la causa
de Lawrence y Garner contra el Estado de Tejas el 28 de marzo. Si
el Tribunal fallase en contra de Tejas, ¿qué impacto cree que
ello tendría en la ley sobre la sodomía de Puerto
Rico?
Todo depende del lenguaje del fallo. Puede que se aplique sólo
a esta causa específica en Tejas. O que se aplique a los 14
estados que en la actualidad tienen leyes sobre la sodomía, así
como a Puerto Rico.
Eso sería una gran paradoja. El Artículo 103 llega a Puerto
Rico en 1903 por imposición del Código Penal de California. Pero
la paradoja del proceso colonial es tan grande que, si se anulase
ahora la ley de sodomía de Tejas, ese fallo se aplicaría también a
Puerto Rico, nuevamente por proceso de imposición política. Así es
que, sí, el fallo tendría un impacto en Puerto Rico, igual que Roe
contra Wade [la causa por la que se legalizó el aborto en EE.UU.
en 1973]. Esa es la otra cara del colonialismo.
En un artículo reciente en el diario puertorriqueño El Nuevo Día,
Mayra Montero dice que en Puerto
Rico los enemigos más peligrosos de los derechos humanos de la
gente gay no son los moralistas estridentes que se les oponen,
sino quienes pretenden aceptar a la gente gay pero en realidad los
silencian y permanecen ellos mismos en silencio. ¿Está usted de
acuerdo con eso?
No he leído el artículo, aunque he oído hablar de él. Yo le
diría que,
ciertamente, en Puerto Rico hay muchos sectores, sobre todo
políticamente liberales, que sí se esconden al momento de asumir
unas posiciones claras con respecto a este asunto.
Para mí, como independentista, no votante - no voto -, para mí ha
sido una vergüenza que el Partido Independentista, en las
ocasiones en que ha tenido la oportunidad de hacer la diferencia
con respecto a este asunto, siempre ha votado con los
conservadores, siempre ha asumido una posición conservadora. A mí
me gustaría ver también a más gente de los sectores intelectuales
ser más activos en este asunto.
Yo creo que todavía no hemos comprendido que los derechos de la
comunidad gay, lésbica, bisexual, y transgénero son un asunto de
derechos humanos, vinculado a todas las luchas de derechos y que
nadie en este momento, hoy, 2003, puede hablar con propiedad de
derechos humanos y derechos civiles si deja a un sector fuera de
su discurso. Eso es una vergüenza. Eso es una vergüenza.
FUENTE:
http://www.thegully.com/espanol/articulos/
gay_mundo/030314_lgbt_puerto_rico
_
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