En momentos en que el gobierno se prepara a conmemorar el
cincuenta aniversario de la creación de la Constitución del
Estado Libre Asociado, un sector de la población reclama no
sentirse parte de la realidad histórica y social para la que fue
creada esta manera
de gobierno. La comunidad lésbica, gay, bisexual, transgénero y
transexual (LGBTT) no goza de los mismos derechos que el resto de
la sociedad, una sociedad que se jacta en ser igual para todos y
todas.
La falta de la protección constitucional a no ser discriminado
y a ser tratado igual sin importar la orientación sexual y la
identidad de género del ser humano; la ausencia de cumplimiento
de la máxima de que "todo hombre y toda mujer es igual ante
la ley"; el no respeto a la privacidad; la no garantía del
derecho a la libre asociación; el no poder gozar a plenitud del
derecho a la libre expresión; entre muchos otros, son algunas de
las consecuencias funestas de la falta de
equidad de esta Constitución.
"Es hora de que nuestras instituciones de poder reconozcan
que todos los seres humanos somos iguales ante la ley y que
eliminen de una vez y por todas, aquellas inequidades que no
permiten tener una
sociedad libre, justa e inclusiva de todos sus miembros,"
declaró el aspirante independiente a la Cámara de
Representantes, Pedro Julio Serrano.
Por su parte el reverendo Pablo Navarro, pastor de la Iglesia
Metropolitana Cristo Sanador, declaró que "no podemos
celebrar el cincuentenario de un documento que no recoge el
espíritu de nuestra sociedad.
Del mismo modo, sentimos que es catalogados y tratados como
ciudadanos de segunda clase, al ser criminalizados por el
artículo 103 del Código Penal.
Este es un día de mucho pesar, ya que no podemos celebrar un
documento del cual no nos sentimos parte".
Los líderes de la comunidad LGBTT urgieron a los legisladores
a que creen leyes que fomenten la igual protección ante las leyes
para todos y todas, al igual que les pidieron valentía y voluntad
para enmendar el artículo 103 en la revisión actual del Código
Penal
que lleva a cabo la Legislatura.
De igual forma, hicieron un llamado al Tribunal Supremo de
Puerto Rico a no huir de su responsabilidad de impartir justicia a
una comunidad que no goza de los mismos derechos que el resto de
la sociedad, al pedirle que reconsideren la decisión de no
otorgar
legitimación activa a los demandantes en el caso que pide
declarar inconstitucional el artículo 103.
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